El Real Decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobó ayer medidas para impulsar la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable. Prevé atraer inversiones por más de 90.000 millones de euros y generar entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década. La norma crea un nuevo sistema de subastas, elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones.
En el contexto de la recuperación económica tras la crisis, el Gobierno quiere convertir al ámbito energético y, en particular, al sector renovable en impulsores de ese proceso, a partir de “un marco estable que permitirá a España aprovechar su potencial, en términos de generación de empleo y actividad económica, ligado a una transición energética limpia, justa, fiable y económicamente competitiva. Al tiempo, el marco permitirá reducir la factura de la electricidad dado que las renovables son la fuente de generación más barata”.
La norma abarca medidas de muy amplio calado dentro del sector energético. Por ejemplo, se incorporan a la regulación nuevos modelos de negocio como el almacenamiento de energía o la hibridación y se crea la figura del agregador independiente. También se regulan las comunidades de energías renovables, que favorecen la participación de los ciudadanos en la transición energética y se elimina de forma temporal el límite de inversión anual en las redes eléctricas, se amplía el Fondo de Eficiencia Energética hasta 2030 y se declaran de utilidad pública los puntos de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos. Asimismo también se permite hacer uso del superávit de tarifa para cubrir los déficits de tarifa que se espera para este año.
El Real Decreto-ley se divide en cuatro bloques: el primero para la regulación de acceso y conexión y el nuevo mecanismo de subastas; el segundo para el impulso de nuevos modelos de negocio; el tercero para el fomento de la eficiencia energética; y el cuarto y último para las medidas de impulso a la actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis.
Simplificación y agilización de trámites
El Real Decreto-ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en marcha. Entre otros, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución. Esta batería de medidas, unida a la ordenación del acceso y conexión y el nuevo marco de subastas, permitirá impulsar la inversión en nuevas instalaciones, generando actividad económica y empleo en la cadena de valor industrial asociada al sector renovable.
Nuevos modelos de negocio
Se incorporan nuevos modelos de negocio que serán claves en la transición energética, como el almacenamiento energético, que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables; también la hibridación, que hace posible combinar diversas tecnologías en una misma instalación. Así se optimizan las redes eléctricas ya existentes y se minimizan los impactos ambientales.
Los puntos de recarga de alta capacidad, utilidad pública
Para facilitar la expansión del vehículo eléctrico, se otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas.
Liquidez del sistema
Para paliar los efectos de la crisis y asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020. La medida quiere facilitar liquidez a las más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en el país, así como las más de 60.000 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, y que puedan percibir una parte significativa de la retribución correspondiente al ejercicio 2019.
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