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Desde hace años la desregulación en la fontanería es una gran causa de preocupación en el sector. Situaciones como la eliminación de carnés profesionales en el año 2006, la amenaza del intrusismo laboral y la economía sumergida, está haciendo que el sector se vea al límite.

Según datos de Conaif, alrededor de unas 5000 empresas instaladoras en nuestro país están teniendo que echar el cierre debido a que el sector de la fontanería sigue sin contar con una regulación adecuada en su profesión.

Uno de los principales problemas en el sector, es que, desde hace años, no existe un reglamento común para toda España, sino que cada comunidad autónoma cuenta con unos propios requisitos que se les exige a los fontaneros y todo ello supone una gran limitación para los fontaneros que quieran trabajar por otras comunidades.

Esteban Blanco, presidente de Conaif apunta además que “nadie en la administración central se quiere hacer cargo ni admite ser competente en un problema como este, cuyo origen son las facilidades que los intrusos encuentran para actuar libremente ante la ausencia casi total de regulación de la profesión como consecuencia del modo como se ha aplicado en España la directica de servicios y las leyes que las trasponen”

Ley Ómnibus

La Ley Ómnibus entró en vigor el 23 de diciembre del 2009 y las modificaciones que conllevó esta ley cambiaron por completo el panorama de los carnés profesionales. Los carnés de instalador ya no eran necesarios para ejercer la profesión.

Para poder ejercer como instalador, la administración autonómica es la que ahora toma las decisiones y esta es la que puede “habilitar” en lugar de autorizar al profesional para que pueda comenzar a ejercer su actividad económica. A partir de ese momento, los interesados podrán comenzar a ejercer sin necesidad de que la administración les pueda exigir una documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercer. Con todo esto, el aumento del intrusismo laboral empezó a ser algo preocupante dentro del sector de los instaladores.

Intrusismo laboral en fontanería

El presidente del CNI advierte sobre los costes que les pueda suponer a los consumidores que se ocupen de las instalaciones, personas que no se encuentren realmente habilitadas para poder ejercer, pues se corre el riesgo de que, aunque el coste de la instalación vaya a ser menor por contratar a un personal no autorizado, se corre el riesgo de que la instalación sea de menor calidad y no habrá garantías ni seguros en caso de que la instalación resulte defectuosa.

Según un informe de la organización empresarial, tan solo en Galicia se han perdido en los últimos años, alrededor de 1000 empresas de fontanería muchos puestos de trabajo. El auge de las plataformas como YouTube o Tiktok donde con un simple clic puedes intentar aprender por ti mismo a reparar una instalación también afectan al sector en el sentido de que animan a muchas personas sin titulación a intentar por sí mismos hacer instalaciones eléctricas, de fontanería o mecánica.

Además, el CNI de instaladores afirma que al menos tres de cada diez instalaciones de fontanería están realizadas por profesionales que no cuentan con un carné de instalador para poder ejercer de fontanero. El intrusismo también va acompañado de falsificaciones de documentación. Enrique Zaro del Colegio de graduados en ingeniería e ingenieros técnicos industriales de Aragón, cuenta que, siempre tienen que supervisar que todo lo que dirigen cuente con su correspondiente documentación en regla.

Aumento del índice de economía sumergida.

Además de la ausencia de regulación en España para poder ejercer adecuadamente la profesión, se están incrementando los índices de economía sumergida. Mientras que un fontanero en España necesita de un permiso especial para poder ejercer su profesión en determinados países de la unión europea, los extranjeros pueden realizar su profesión en España sin necesidad de un permiso especial.

La economía sumergida afecta a un total de dos de cada diez negocios, provocando su cierra ya que no logran sobrevivir a la competencia desleal. UPTA muestra una gran preocupación por esta competencia desleal que se ejerce dentro de la economía sumergida y apunta que las actividades con mayor incidencia de la economía sumergida son las profesiones relacionadas con “servicios de reparación, construcción, pintura, electricidad, fontanería y estética”

 – Laura Funchal Loeches

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