El intrusismo laboral en el sector de las instalaciones

El intrusismo laboral es uno de los principales problemas a los que debe enfrentarse constantemente el sector de las instalaciones. Con la llegada de la crisis económica, estas prácticas aumentaron en España a niveles desorbitados, ya que los usuarios preferían pagar menos a contar con garantías de calidad y seguridad.

Las consecuencias del contexto económico y sanitario en el que nos encontramos actualmente también han afectado, sin duda, a muchos sectores españoles, como el de las instalaciones. En estos momentos de recesión para muchas familias, el intrusismo laboral que experimenta esta profesión es uno de los obstáculos más difíciles de sobrepasar.

Aunque existe desde el nacimiento de esta profesión, los instaladores han tenido que lidiar en los últimos años de crisis con un lastre que en ocasiones lleva incluso a que los propios fabricantes comercialicen con el usuario final o que los distribuidores se presenten directamente en la vivienda, desempeñando funciones que no le corresponden. Sin embargo, el principal problema surge cuando personas con escasos conocimientos en el asunto, ya sean familiares, amigos o incluso tú mismo, se encargan de llevar a cabo ciertas tareas que deberían ser realizadas por un técnico especializado.

Además de representar un inconveniente para el gremio de instaladores, el intrusismo supone también un peligro para la persona que, sin título o ninguna cualificación profesional, se encarga de solucionar pequeñas averías en la vivienda, principalmente de índole eléctrica. Un “manitas”, por mucha experiencia de vida que tenga, no posee las mismas capacidades para arreglar un aparato doméstico o problemas en la fontanería que un profesional que se ha formado para obtener un título certificado, hoy en día, necesario para realizar cualquier labor como instalador. Los resultados de trabajar en un área que no te corresponde sin conocimiento de causa pueden ser catastróficos, oscilando entre el apaño y la completa chapuza.

Estas prácticas, muy comunes dentro de la actividad instaladora, perjudican gravemente al colectivo, ya que dañan la imagen de los profesionales y además suponen un peligro para la seguridad de usuarios e instalaciones. La seguridad es un elemento esencial que todos deberíamos tener en cuenta antes de saber a quien contratar para arreglar las posibles averías del hogar. Muchas familias optan por el ahorro descuidando las garantías que ofrece un profesional cualificado, tanto en seguridad como en la optimización del trabajo realizado. Pero es así como ocurren muchos de los incendios en los edificios españoles, debido a causas eléctricas por falta de una protección adecuada o instalaciones defectuosas o antiguas.

Muchas asociaciones sectoriales trabajan diariamente para que el intrusismo en España sea perseguido y reducido. Así, en 2011, tras casi seis años de trabajo del gabinete jurídico de Epyme (Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla), se obtuvo la primera condena para un instalador autorizado por la falsificación de un certificado de instalación. Ante la dificultad que conlleva la lucha contra el intrusismo y el poco apoyo de las administraciones locales, Epyme decidió formular una querella contra dos instaladores acusados por haber vendido certificados de instalación de casetas de feria que no habían ejecutado. La sentencia final de seis meses de prisión, junto a una multa del mismo tiempo a razón de seis euros diarios, reforzaba las líneas de trabajo emprendidas contra el intrusismo en los juzgados españoles.

Por su parte, Conaif (Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos) reclamaba a principios de año al nuevo Gobierno que se adoptaran medidas destinadas a evitar las prácticas intrusivas en nuestro país. La organización proponía que, ante una práctica tan común a día de hoy, se comenzara a ejercer una función de supervisión eficaz para controlar que los usuarios cumplieran con sus obligaciones en lo que al mantenimiento de sus instalaciones respecta. Al mismo tiempo, instaba a la Administración central a promover e impulsar la educación ciudadana en materia de seguridad industrial, un factor clave para la reducción e incluso la erradicación del intrusismo laboral en España.

Ángela Martín Parrales

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