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La transición energética es una estrategia política que, desde hace años, viene acumulando autoridad como objetivo político potencialmente capaz de transformar el escenario socioeconómico europeo. Una de sus principales razones subyacentes podemos encontrarla en la reciente situación derivada de la invasión rusa a su vecina Ucrania, que, además de las inmediatas consideraciones humanitarias, está dejando en evidencia las consecuencias de la histórica dependencia energética externa europea.

En Europa se inició en los años 90 cuando la Unión Europea y los Estados decidieron abrir progresivamente a la competencia sus mercados nacionales, la mayoría en régimen de monopolio. De esta manera, se buscaba la progresiva descentralización del mercado. El objetivo final era la creación de un mercado interior de la energía. Esto es que los consumidores tuvieran capacidad de elección y el precio del suministro dejara de ser un precio administrativo para ser un precio determinado en un mercado eficiente basado en la libre competencia.

Estrategias y marco regulatorio en la Unión Europea y España.

A partir de los 2000, las estrategias europeas de transición energética se orientan en base a dos circunstancias crecientemente problemáticas a medio y largo plazo. Por una parte, la emergencia climática, que requería un proceso de descarbonización. Por otra parte, la previsión de una ingente inversión en la renovación de las infraestructuras energéticas en todo el continente.

Este contexto de transición energética, la UE tomó la iniciativa tanto a nivel internacional, a través de las conferencias de las Naciones Unidas como a nivel continental. La Comisión Europea, adoptó en 2011 la denominada Hoja de Ruta de la Energía para 2050. Es entonces cuando se fijaron los conocidos objetivos 20-20-20 de reducción de emisiones, renovables y eficiencia energética. En 2016, se adoptó el Paquete de Invierno, que afectó a las normas que conformaban el marco regulatorio europeo de clima y energía. Dicho paquete integró los compromisos climáticos entre tanto adquiridos, destacadamente, el Acuerdo de París de 2015. Posteriores pactos destacables de la comisión fueron: el Pacto Verde de 2019, el Objetivo 55 de 2021 y el RePower de 2022.

España, siguiendo el camino de la transición energética, acomodó su marco energético al proceso de liberalización del sector iniciado en el nivel europeo mediante la adopción de sucesivas leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos. Estas normas tenían el objetivo de garantizar el suministro, la calidad de dicho suministro y el menor coste posible. En marzo de 2021 llegó el Acuerdo del Consejo de Ministros adopta el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el período 2021-2030, en aplicación del Reglamento 2018/1999. Por otro lado, en junio del mismo año se publica una reforma en profundidad del ordenamiento energético con la aprobación del Real Decreto-Ley 23/2020 y sus desarrollos normativos. El nuevo marco adoptado por el Real Decreto-Ley 23/20205 apunta al doble objetivo de superar las barreras identificadas que dificultan el proceso de transición energética.

Como último hito normativo del marco español debe de mencionarse la reciente Ley 7/2021 de Cambio Climático y de Transición Energética. Esta norma integra en una única norma legal los instrumentos que se encontraban en textos de muy distinto rango y origen, adoptados en cumplimiento de las obligaciones europeas.

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Pedro Paz García

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