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En las décadas recientes las energías renovables y el autoconsumo han adquirido una gran relevancia debido a diversos factores como el aumento de los precios de la electricidad, la contaminación y agotamiento de los combustibles fósiles. En la pasada década, tuvo comienzo una aceleración debido a los acuerdos políticos internacionales tales como el Protocolo de Kyoto. La Unión Europea siempre ha ido en cabeza en esta carrera y en 2007 se fijó el objetivo de incrementar la tasa de energía renovables en un 20% del total de la producción para el 2020.

La tecnología fotovoltaica se ha convertido en la estrategia más importante para alcanzar este objetivo. El 27 de junio de 2018 el Consejo Europeo aprobó un acuerdo que estableció unos objetivos para el 2030. El objetivo principal era conseguir que el 32 % de la energía de la UE proceda de fuentes renovables. Este acuerdo incluye políticas de ayudas, simplificación de procesos y autorizaciones y eliminación de cánones para instalaciones de hasta 30 kW para autoconsumo.

Autoconsumo en España

El autoconsumo eléctrico en España fue regulado por el Real Decreto 900/2015 y modificado por la ley 15/2018. El autoconsumo en el sector doméstico entra dentro del denominado tipo 1 donde la potencia contratada es inferior a 100 kW. Dicho autoconsumo no recibe ninguna compensación por el exceso de electricidad vertida en la red. Por lo tanto, los únicos ingresos proporcionados por la instalación de autoconsumo son los ahorros en la factura eléctrica.

El tamaño de la instalación solar fotovoltaica no puede ser mayor que la potencia contratada y si es menor de 10 kW se está exento de pagar el cargo variable que está considerado como un peaje al respaldo de la red y es denominado comúnmente como “impuesto al sol”.

El máximo tiempo de compensación de la energía producida es una hora y no está permitida la compensación en otra localización geográfica.

Todos los movimientos realizados se dirigen hacia una simplificación de los requisitos técnicos del autoconsumo y reducción de los requisitos de inversión. La propuesta de Real Decreto de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución presentada en junio del 2018 es una muestra de ello.

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Pedro Paz García

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