El secretario general de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España, Jesús Román, ha contado a ‘Cuadernos de Material Eléctrico’ cuáles han sido las principales dificultades a las que ha tenido que hacer frente el colectivo al que representa durante el estado de alarma.
Según Román, los problemas a los que se enfrentaban las empresas instaladoras estaban relacionados, principalmente, con la falta de concreción de las diferentes normas que se iban aprobando, “y eso dificultaba que los instaladores pudieran atender las necesidades de los ciudadanos con normalidad”.
Por ello, el secretario general de FENIE pide que, de cara al futuro, y por si fuera necesario confinar de nuevo a la población ante eventuales brotes del COVID-19, se obtengan “lecciones aprendidas” y que “se establezcan unas reglas del juego que sean muy claras” para facilitar el trabajo de “empresas que -recuerda- están consideradas como un servicio esencial para la comunidad”.
Primer problema: si podían o no desarrollar su trabajo
El primero de los problemas al que tuvieron que hacer frente fue “saber si podían desarrollar o no su trabajo”. Y es que, tras decretarse el estado de alarma, el día 14 de marzo, y aunque se determinaba que os servicios especiales podían continuar con su actividad, había matices que no quedaban claros en el Real Decreto aprobado.
Segundo problema: los desplazamientos
La falta de concreción fue, por tanto, una dificultad añadida al trabajo de las empresas instaladoras, que debían lidiar con un país confinado y con los impedimentos que tenían, en muchas ocasiones, para desplazarse hasta los lugares en los que tenían que prestar sus servicios.
Ése fue el segundo obstáculo al que tuvieron que enfrentarse. “En los desplazamientos -explica Román-, hubo problemas, y no sólo de tipo justificativo; también en el uso del vehículo, porque en un primer momento no quedaba claro en qué condiciones debían producirse los desplazamientos, cuántas personas podían utilizar el vehículo, etc.”.
Por ello, el colectivo de empresas instaladoras, representado por FENIE y la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores, pidió al Ejecutivo que se autorice de forma expresa el autorizamiento de los trabajadores de las empresas instaladoras a nivel nacional, y que se permitiese el desplazamiento de más de un trabajador en un vehículo, cuando fuera necesario para el desarrollo de su actividad laboral.
Tercer problema: seguridad en las obras
El tercer problema se lo encontraban ya en las obras, pues era necesario compatibilizar la actividad profesional con las medidas de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad. Incluso la falta de Equipos de Protección Individual supuso un grave inconveniente para la realización de los trabajos, y asociaciones como la de Instaladores Empresarios de Baleares o la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña denunciaron esta situación.
Cuatro problema: la confianza de los vecinos
Finalmente, las empresas instaladoras y sus trabajadores se encontraron con “problemas de confianza” entre los vecinos de algunas comunidades, según explica Román. Ante el miedo de contagio, hubo incluso vecinos que llamaron a la policía porque, desconociendo que los instaladores sí podían realizar su trabajo, denunciaban la presencia de operarios en las zonas comunes de sus edificios. Estos hechos fueron denunciados por la Asociación de Instaladores de Madrid.
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