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Tras la última subasta de frecuencias de tecnología 5G, quinta generación de las telecomunicaciones, los distintos operadores de telefonía avanzan en su implantación. Mientras tanto el Gobierno de España apuesta por su despliegue. Así lo vemos en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado donde se contempla una partida enfocada en financiar actuaciones relativas al despliegue de la red móvil 5G con fondos de 600 millones de euros.
Uno de los objetivos planteados en la partida “Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 5G” es alcanzar la cobertura de redes fijas ultrarrápidas y de la red móvil 5G en España. Poniendo especial atención en las zonas rurales y en los corredores de transporte, es decir, carreteras y ferrocarriles tanto nacionales como transfronterizos.
En relación al plan de despliegue de redes móviles 5G, se considera el desarrollo o renovación de 14.500 emplazamientos preparados para la nueva generación móvil. Por tanto, se llevarán a cabo actuaciones para elevar la capacidad de la red existente y contestar a la gran demanda de ancho de banda. Así como a la cantidad de estaciones que se necesitan para el despliegue del 5G.
Dificultades en la cobertura de red móvil en España
En este contexto, el Gobierno pretende alcanzar el 75% de la cobertura de la población en 2025. Sin embargo, las zonas con una limitada población resultan poco rentables para los operadores. De esta manera, lo más probable es que opten por un modelo de infraestructuras compartidas.
Además, este no es el único problema. Según apunta el diario El País, las operadoras de infraestructuras podrían desvincularse de este proyecto debido a la necesidad de subvención no solo de la red pasiva sino también de la red activa. Por ello, es necesaria una documentación concisa que asegure una aprobación comunitaria de estas ayudas. De modo que puedan financiarse los costes pertinentes de ambas redes.
Por último, esa aprobación comunitaria de la que hablamos ha sido posible en Alemania y España espera lograr también el visto bueno de Bruselas. Con el propósito de ejecutar los desligues planteados, una solución que ofrece el sector es hacer un reparto territorial por compañías. Así, cada grupo se encargaría de una parte de la red.
Erika Forero Ovalle
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