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Este jueves se vota en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria. Esta regulación busca, desde hace una década, unas relaciones más equilibradas entre los agentes que intervienen en la producción y distribución de los alimentos para los consumidores finales.
Dicha ley atañe tanto a los agricultores como a la industria y a los supermercados. El contexto actual está marcado por movilizaciones del sector primario en el que se encuentran ganaderos y agricultores para finales de este mes. ¿Frenará esta ley las movilizaciones previstas?
¿En qué consiste la Ley de la Cadena Alimentaria?
Se trata de un texto regulador que marca una serie de buenas prácticas, regulaciones y sanciones que involucra a todos aquellos que participan en el sector de la alimentación. Estos son los productores (agricultores o ganaderos), seguidos de las cooperativas agrarias, la industria y fabricantes. Hasta la distribución a cuenta de los supermercados, hipermercados o grandes firmas de la hostelería.
Por otra parte, lo que busca esta ley es que exista una mayor transparencia en la formación de precios, así como aumentar la protección de los agentes más débiles como son los pequeños agricultores. Respecto a este tema, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, añade “modernizamos la cadena alimentaria en sentido de darle más transparencia a los precios y todo contrato por encima de los mil euros debe ser escrito, por lo que hay compromiso por las partes”.
¿Qué novedades tiene esta regulación?
La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria introduce algunos cambios que afecta a todos los actores de la cadena. Uno de ellos es que siempre se tendrán que firmar los contratos por escrito y reflejar los costes a los que se enfrentan. Estos contratos deberán estar debidamente registrados virtualmente en una plataforma. Todo ello para que los responsables de supervisar la cadena (CCAA o la AICA) puedan tener acceso a estos contratos y actuar, por ejemplo, en caso de haber incumplimientos o denuncias relacionados con estos.
En un contexto donde ha aumentado en un 30% los precios en origen en el último año, el nivel más alto en una década según FAO, esta ley no establece los precios para los productos. Sin embargo, permite que las administraciones públicas ofrezcan recomendaciones. Por ejemplo, admite elaborar índices de precios y de costes de producción empleando criterios que garanticen la transparencia y objetividad en la formación de estos índices.
Otra de las novedades es la prohibición de la venta a pérdida. Esto quiere decir que el precio final que paga el consumidor por un producto no puede ser inferior al anterior. Además, esto repercute principalmente a los supermercados que no podrán ofrecer un producto a un precio más bajo que el coste de fabricación del mismo.
La postura del sector primario ante la Ley de la Cadena Alimentaria
Agricultores y ganaderos consultados por el elDiario.es señalan que, aunque no supone una solución a todos sus problemas “puede suponer un antes y un después” si se cumple esta regulación. En este sentido, la mayor dificultad del sector primario es asumir los costes de producción que es del 62% este año. El problema de los costes como el encarecimiento de la energía, el agua, los plásticos, los piensos o los fertilizantes oscila entre el 20% y el 80% en el último año.
En esta línea, Luis Planas respecto a la mala situación del sector lácteo ha destacado su “preocupación” y se ha pronunciado diciendo que “tenemos que ver cómo remediar esa situación concreta”. Mientras tanto, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos señala que este sector debe cobrar por lo menos el valor de lo que les cuesta producir. Así, el sector primario recalca la necesidad de herramientas como inspecciones de oficio, así como las sanciones que deberán ser conocidas por la opinión pública.
Finalmente, Planas señala que esta ley es de “obligado cumplimiento” aunque el cambio en las relaciones contractuales tendrá una adaptación lenta y el efecto positivo del proceso tardará en dar resultados. Evidentemente habrá sanciones para aquellos que incumplan la ley que además serán públicas. Estas sanciones pueden ir desde los 250 hasta un millón de euros, en base al grado de infracción cometido.
La ley no solventa la totalidad de los problemas del sector agrario
La situación es insostenible para el sector, aunque esta nueva reforma de Ley de la Cadena Alimentaria pretende regular su situación, no solventa el problema del precio de la materia prima o el de la energía. Además de las dificultades que perciben a la hora de encontrar trabajadores para el campo, especialmente mano de obra joven.
Por último, estas movilizaciones que siguen previstas para las próximas semanas tienen como objetivo reflejar la situación del sector de cara al conjunto de la ciudadanía. Así, también reclaman que se destinen fondos de recuperación provenientes de la UE y cambios fiscales para, entre otras cosas, igualar el IVA del sector agrícola y el ganadero.
Erika Forero Ovalle
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