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Con la llegada de la crisis económica a España, la morosidad en el sector de las instalaciones se hizo patente debido a la falta de un régimen sancionador que regulara el ejercicio.
Con el objetivo de combatir la morosidad en las operaciones comerciales españolas, en 2008 nace la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), una confederación de asociaciones que pretende impulsar una cultura ética sobre el cumplimiento de los plazos de pago y establecer en el país un régimen sancionador propio.
La entidad revelaba en su último informe que el 65% de los proveedores acuerdan contratos con clientes, tanto del sector público como privado, con plazos de pago muy superiores al número de días estipulados en la legislación vigente. Así, la Ley 15/2010, de 5 de julio, fija en 60 días el plazo para pagar por parte del sector privado y en 30 en el caso del sector público.
Ante la falta de liquidez que presentan las pymes por el incumplimiento en los plazos legales de pago, asociaciones como CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines) llevan tiempo reclamando al Gobierno medidas más eficaces de lucha contra la morosidad existente en el sector instalador, en sintonía con las demandas requeridas por PMcM.
De acuerdo con las peticiones, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba el pasado 23 de septiembre tramitar la proposición de ley para regular un régimen de infracciones y sanciones por el incumplimiento de los plazos, condiciones y obligaciones de pago. El régimen sancionador contemplaría multas desde los 3.000 euros para infracciones leves hasta los 100.000 euros para las graves, e incluso el millón de euros para las más graves.
Para la plataforma PMcM, esta ley supondrá un punto de inflexión en la economía española, ya que, según los datos publicados en su estudio más reciente, el retraso de los pagos es el principal riesgo de quiebra de más de un millón de empresas. Además, desde la organización consideran que la adopción de medidas que garanticen el pago dentro de los plazos legales es fundamental para la supervivencia de aquellas pequeñas y medianas empresas pertenecientes al sector de las instalaciones, así como los autónomos instaladores. El temor a perder al cliente o perjudicar la relación motiva la aceptación de estas imposiciones poco éticas que practican, sobre todo, las grandes empresas.
La morosidad sigue siendo un punto de conflicto debido a la posición dominante que ejercen las grandes corporaciones. Ahora, habrá que esperar al completo establecimiento del régimen sancionador, por el cual, la economía nacional, en general, así como el sector de las instalaciones, en particular, resultarán beneficiados.
Ángela Martín Parrales
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