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En los últimos años, las empresas de distribución eléctrica se han centrado en la sustitución de los contadores analógicos por contadores digitales, que permiten la discriminación horaria a través de la telegestión. Los contadores inteligentes ya son una realidad en las viviendas de nueva construcción españolas, pero también en instalaciones más antiguas en las que por imperativo legal se han tenido que renovar sus aparatos de medición.

La normativa estableció en 2007 que todos los contadores eléctricos con una potencia contratada de hasta 15 kW debían ser sustituidos por contadores digitales a través de las distribuidoras, por lo que la negación por parte del consumidor a realizar el cambio supondría un corte del suministro de la electricidad en el domicilio. Debido a que el proceso de renovación se consideró técnicamente complicado, se estableció que las compañías podrían sustituir el parque de contadores de forma gradual con el fin de finalizarlo antes del 31 de diciembre de 2018. No obstante, la normativa fue modificada finalmente en 2017, dando un margen mayor a las compañías que les permitía mantener hasta un máximo de 2% del total del parque de contadores sin sustituir, siempre que el motivo estuviera justificado y se cumplieran una serie de condiciones.

La innovación tecnológica ha permitido desarrollar contadores inteligentes de última generación que, sin lugar a dudas, han supuesto un notable cambio a la hora de medir y contabilizar los consumos de las viviendas. Su principal ventaja es la calidad de los datos almacenados, así como su capacidad de comunicación remota. Estos dispositivos, desarrollados para que los ciudadanos puedan conocer su consumo energético con precisión, permiten obtener una mayor facilidad en la detección de averías o anomalías y un mayor ahorro en la factura, ya que tanto el usuario como la distribuidora tienen acceso a una mayor cantidad de información para tomar decisiones oportunas.

Es evidente que un contador eléctrico inteligente no puede disminuir el consumo por sí solo, pero la información que aporta es la mejor herramienta para controlarlo. Se trata de un equipo dotado de alta tecnología que, adaptado a una nueva forma de facturación, permite tener un control absoluto sobre el consumo de energía, pues se paga en base al precio real de la electricidad consumida en cada momento. Con la instalación de este nuevo sistema de telegestión, la información ya no se recopila por franjas horarias, sino minuto a minuto de forma automática, por lo que ya no es necesario apuntar las lecturas del contador periódicamente.

Aunque al principio surgieron una serie de inquietudes entre los consumidores, que creían que estos aparatos podían emitir ondas electromagnéticas perjudiciales, diversos estudios aseguraron que no tienen efectos perniciosos sobre la salud o el medio ambiente.

Estos equipos comenzaron a implantarse hacia el año 2000, pero en línea con el desarrollo del llamado Internet de las cosas (IoT), han tenido un enorme auge en los últimos años, debido sobre todo a la implantación de redes de comunicación que permiten controlar el suministro de luz, agua o gas. Actualmente, este tipo de dispositivos se ha generalizado en España y la mayoría de los hogares ya cuentan con un contador inteligente.

Según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras finalizar el plan de instalación en 2019, el cierre del año significó que el 99,2% de los consumidores domésticos con una potencia contratada igual o inferior a 15kW tenían instalados contadores inteligentes en sus viviendas. La imposibilidad de acceder a la ubicación del contador, la negativa por parte del cliente o las deficiencias y peligros existentes en la instalación son los principales motivos que a día de hoy han llevado a no efectuar los cambios en el contador.

Además, la progresiva integración de los contadores inteligentes en nuestros hogares, así como a los planes de actuación llevados a cabo por algunas empresas para mejorar los procesos, han contribuido a la reducción de reclamaciones contra las comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica. En 2019, Cataluña y Andalucía fueron las comunidades autónomas donde más se redujeron, mientras que Galicia fue la única región española donde el número de quejas aumentó, configurándose como el territorio con más reclamaciones por el suministro eléctrico. La mitad de las reclamaciones que se efectuaron fueron motivadas por las discrepancias en las medidas del contador y en la facturación.

Para evitar futuras quejas, la CNMC ha realizado una serie de recomendaciones destinadas a mejorar el proceso de actuación ante posibles errores por parte de las comercializadoras y distribuidoras. Entre ellas, la optimización en la formación del personal que atiende estas reclamaciones, la obligación de disponer de números gratuitos que gestionen las amonestaciones o el establecimiento de planes de acción que analicen los motivos demandas más frecuentes. Desde la Comisión también recuerdan la necesidad de incorporar a la legislación española los derechos de los consumidores previstos en la Directiva 2019/944, entre otros.

Sin duda, los contadores inteligentes han supuesto un gran avance en el registro de la información, ya que permiten obtener datos exactos y en tiempo real del consumo de energía de una vivienda. Sin embargo, la informatización de la infraestructura de distribución eléctrica representa además un reto desde el punto de vista de la ciberseguridad, con la incorporación de nuevas redes, protocolos y procedimientos de ataque. Los contadores y su infraestructura pueden enfrentase a una serie de amenazas que conforman el sistema eléctrico español.

Ángela Martín Parrales

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